Fuente: Oleo La alianza formada por SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad (E&L), junto a la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, ha anunciado el inicio de una doble ofensiva judicial contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Lopera (Jaén), ante lo que consideran una amenaza inminente e irreparable para el olivar tradicional del municipio.Las organizaciones denuncian que la tramitación de varios proyectos fotovoltaicos en el término municipal presenta graves vulneraciones de la normativa ambiental y urbanística, lo que podría desembocar de forma inmediata en la tala de miles de olivos productivos.“La alianza no va a quedarse de brazos cruzados ante una tramitación plagada de irregularidades que abre la puerta a un daño irreversible sobre el patrimonio natural y económico de Lopera”, afirma Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.Recurso ante el TSJA contra la Junta de AndalucíaLa primera vía judicial se materializa en la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la Junta, tras la inadmisión de los recursos de revisión presentados por SOS Rural y E&L ante las Delegaciones Territoriales de Medio Ambiente e Industria en Jaén.Según las organizaciones, las autorizaciones sectoriales y ambientales concedidas por la administración autonómica son nulas de pleno derecho.“Existe una fragmentación artificial de los proyectos para eludir la competencia estatal y evitar el control del Ministerio para la Transición Ecológica, al mantenerse por debajo del umbral de 50 MW, así como para esquivar una Evaluación Ambiental Ordinaria Conjunta”, explica Margarita Fernández, presidenta de E&L.Esta práctica, sostienen, impide un análisis global del impacto acumulativo de las instalaciones sobre el ecosistema, el territorio y la economía agrícola de Lopera.Frente judicial municipal: recurso contra el decreto de licenciasParalelamente, SOS Rural y E&L han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de Jaén contra el decreto municipal firmado el pasado 2 de diciembre por la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, mediante el cual se levantó la suspensión de las licencias de obra de las plantas fotovoltaicas.“El levantamiento de la suspensión es prematuro y técnicamente arriesgado, ya que se produce sin que se hayan despejado las dudas sobre la legalidad de los proyectos y abre la puerta al inicio inmediato de la tala de olivos”, subraya Fernández.Riesgo jurídico y económico para el AyuntamientoLa alianza y la Plataforma Campiña Norte han advertido al Ayuntamiento de Lopera de las posibles consecuencias legales y económicas de conceder licencias mientras se dirimen los procedimientos judiciales en curso.Recuerdan que el proceso abierto ante el TSJA podría derivar en la anulación total de los proyectos, lo que expondría al Consistorio a una eventual reclamación por responsabilidad patrimonial por parte de la empresa promotora, en caso de que se autoricen las obras con pleno conocimiento de los vicios de nulidad existentes.Un precedente clave del TSJA en municipios vecinosLas organizaciones subrayan que el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el mismo ante el que se ha presentado el recurso contra la Junta, ya se pronunció el 15 de julio sobre un caso idéntico en los municipios vecinos de Bujalance y Montoro.En aquella resolución, el TSJA anuló la construcción de plantas fotovoltaicas similares y confirmó la nulidad de los proyectos por vulnerar la legislación ambiental vigente.“Un fraude de ley con consecuencias irreversibles”“La Justicia no puede permitir que se consume un fraude de ley que condena a la desaparición a miles de olivos productivos, irremplazables, causando un daño irreparable al patrimonio natural y económico”, concluye Natalia Corbalán.