Fuente: Oleo El Tribunal de Instancia nº 2 de Andújar (Jaén) ha ratificado, mediante auto de fecha 26 de enero de 2026, que los proyectos fotovoltaicos promovidos en Lopera, Marmolejo y Arjona presentan irregularidades “idénticas” a las que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a anular en julio de 2025 una megaplanta en Bujalance y Montoro (Córdoba) por fraude de ley.La magistrada advierte sobre la fragmentación artificial de grandes proyectos energéticos en varios de menos de 50 MW, con el objetivo de eludir la vigilancia ambiental estatal y evitar la Evaluación Ambiental Ordinaria Conjunta, indispensable para valorar el impacto global sobre el ecosistema y la economía agrícola de la zona.“Las autorizaciones sectoriales y ambientales concedidas por la administración autonómica están en fraude de ley y son nulas de pleno derecho, ya que fragmentando un gran proyecto en varios se evita la supervisión del Ministerio para la Transición Ecológica”, explica Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.Omisión de protección de especies y vulneración de principios administrativosLa jueza resalta que los proyectos no protegen especies vulnerables, como el alzacola rojizo, y presentan anomalías en la tramitación de los expedientes que vulneran los principios administrativos y perjudican a los agricultores.“No estamos hablando de errores técnicos, sino de irregularidades conocidas y advertidas con anterioridad, por lo que es imprescindible adoptar medidas cautelares para evitar daños ambientales y económicos irreparables”, advierte Ana Rocío Ruiz, abogada de la plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares.Aunque el Tribunal de Andújar ha derivado la decisión final a la jurisdicción contencioso-administrativa, la parte denunciante ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial de Jaén, considerando que los hechos podrían constituir delitos contra el medio ambiente y prevaricación administrativa.Riesgo económico y responsabilidades para los ayuntamientos“Autorizar los parques solares y su línea de alta tensión, aun siendo conocedores de que están bajo un fraude de ley, consolida un acto ilegal que puede generar responsabilidades penales y patrimoniales para los cargos públicos, además de un impacto económico devastador para las arcas municipales”, señala Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural.Los consistorios podrían enfrentarse a indemnizaciones millonarias si se anulan los proyectos, con la obligación de devolver inversiones realizadas por las promotoras y cubrir reclamaciones de agricultores afectados.