Fecha de publicación: 14/11/2024 Fuente: Asociación Empresas Consultoría Lugar: Transformación Digital La cuarta edición del informe de economía digital tiene como objetivo analizar la evolución de la digitalización de la economía española en 2023, así como profundizar en dos aspectos clave para el crecimiento económico: la inteligencia artificial responsable y la regulación como nueva frontera de la digitalización. La “economía digitalizada” española, definida como toda aquella actividad económica basada en bienes y servicios digitales, alcanzó el 24,2% sobre el total del PIB en 2023, 1,5 p.p. más que en 2022 y 2,1 p.p. más que en 2020. El impacto total en 2023 ha sido de 353,1 mil millones de euros, un 16,1% superior a 2022, cuando tuvo un impacto de 304,2 mil millones.



El impacto directo estimado de la economía digital en el PIB de 2023 es de 12,3%, 1,2 p.p. superior a 2022 y 1,4 p.p. más que en 2020. Para entender la evolución de la relevancia de la economía digital en España, es necesario analizar el comportamiento tanto de la digitalización de la economía (numerador) como del PIB de España (denominador). Este crecimiento muestra una aceleración en el peso de la economía digital en 2023, tras unos años de consolidación en el periodo 2020- 2022, caracterizada por el mayor uso de los canales digitales como medio preferente para establecer la relación con los clientes y el incremento de la adopción digital por parte de los usuarios. Por otro lado, el PIB de España se ha elevado durante 2023 hasta 1.462 mil millones de euros desde los 1.346 mil millones de euros en 2022, es decir, ha presentado un crecimiento del 8,6%.



Para ilustrar el comportamiento de la economía digital en 2023, a continuación se detallan los cambios sufridos por tres sectores relevantes de la economía española: el sector financiero, que representa el 16% del valor absoluto del impacto directo de la digitalización y pertenece al grupo de sectores con madurez digital; los servicios de ingeniería y arquitectura, que forman parte de los sectores moderadamente digitalizados en crecimiento y que, si bien representan el 2% del impacto directo de la digitalización, han tenido una muy buena evolución durante el año 2023 y el sector del transporte terrestre que representa un 4% del impacto directo de la digitalización.



A continuación, se desarrollan la inteligencia artificial responsable, debido al impacto que tendrá en la digitalización combinado con su gran auge tras el lanzamiento de ChatGPT, y la regulación como nueva frontera de la digitalización, debido al desarrollo regulatorio de la Unión Europea para avanzar en este campo.



Inteligencia artificial responsable



La inteligencia artificial se define, según la Unión Europea, como el software que puede, para un conjunto determinado de objetivos fijados por los seres humanos, generar información de salida, como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos en los que opera. El uso de la IA se ha ido extendiendo en la Unión Europea durante los últimos años. Según los datos de Eurostat, en 2023 el 8% de las empresas ya habían incluido en sus procesos algún sistema de IA. En España esta cifra se eleva hasta el 9,2%. La utilización de la IA generativa ha tenido un gran crecimiento en España, donde un 2,3% de las empresas ya la han incorporado en 2023, frente al 1,4% de las empresas que la utilizaban en 2021. Sin embargo, su nivel de incorporación es todavía superior en las grandes empresas.



Los datos de la encuesta de BCG, Build for the future Gen AI C-level muestran que el 50% de las grandes compañías ya está realizando pruebas piloto con IA generativa y el 10% está en fase de escalado. La incorporación de la IA generativa continuará durante los próximos años, puesto que el 89% de los directivos la colocan como una de sus tres prioridades tecnológicas. Sin embargo, los retos para escalarla son: la falta de talento (62% de los encuestados);  la inexistencia de una hoja de ruta (47%) y de una estrategia para su uso responsable (42%).



La implementación de la IA presenta una serie de beneficios muy relevantes, para las empresas, el individuo y la sociedad en general, principalmente elevando la productividad y, por ende, el crecimiento económico. Sin embargo, la IA también cuenta con una serie de riesgos asociados a su uso, como unos resultados de los outputs de los modelos de IA sesgados sin motivo aparente, violación de privacidad, no explicabilidad, actuando como una “caja negra”, o alucinaciones. La estrategia de mitigación de los riesgos pasa por el despliegue e incorporación de una IA responsable.



Organizaciones como el Foro Económico Mundial, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, ya han comenzado a generar una definición de la IA responsable, mientras que instituciones como el Responsible Artificial Intelligence Institute o Adigital están creando componentes fundamentales para la creación de un marco y evaluar si se están aplicando de forma correcta los principios de una IA responsable. El gobierno de España también ha lanzado su Estrategia Nacional de IA para promocionar el desarrollo de una IA inclusiva, sostenible y centrada en la ciudadanía.



El proceso de incorporación en el modelo de negocio de la IA responsable es un proceso holístico, de transformación profunda y constante. Es necesario definir una estrategia que imponga los principios que guiarán a las compañías, establezca un modelo de gobierno claro, con roles, responsabilidades y controles para verificar su cumplimiento, desarrolle nuevos procesos, eleve las capacidades tecnológicas y la estrategia de datos y fomente una cultura top-down de comunicación y de incorporación de los principios de IA responsable.



La IA responsable no es solo una cuestión ética que coloca al ser humano en el centro de las decisiones sino que también institucionaliza y normaliza el uso de la IA como tecnología preponderante para el desarrollo de la digitalización; aumenta la competitividad por el cumplimiento temprano de la regulación; mejora la rentabilidad, puesto que está íntimamente ligada a los criterios de sostenibilidad que buscan un desarrollo que tenga en cuenta criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno; mejora la imagen de marca y optimiza la captación y retención del talento. Regulación como nueva frontera de la digitalización La competencia por la digitalización se disputa en un escenario global, donde tanto la Unión Europea, como EE UU o China están realizando un gran esfuerzo para transformar sus economías y hacerlas más digitales mediante el uso de nuevas tecnologías.



En este empeño digitalizador la regulación juega un papel clave como catalizador del crecimiento, aunque su peso será más o menos relevante en función del mercado que se esté analizando. Europa es donde los agentes políticos están generando un marco regulatorio más amplio, multinivel y heterogéneo con el objetivo de convertir esta década en la ‘Digital Decade’. El análisis de las nuevas tecnologías del Joint Research Centre, organismo de la Comisión Europea que analiza las actividades realizadas con 15 nuevas tecnologías entre los años 2009 y 2022, refleja que China está encabezando la carrera por la digitalización, seguida por EE. UU. y la Unión Europea. En el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, Estados Unidos y China destacan por sus contribuciones al desarrollo de nuevas tecnologías a través de distintos enfoques en sus marcos regulatorios. China, presenta un enfoque basado en la planificación centralizada. Estados Unidos, por otro lado, impulsa la tecnología principalmente a través de la inversión en I+D y la colaboración público-privada, sin un plan unificado de digitalización, dejando la iniciativa a las corporaciones privadas.



La Unión Europea, por su parte, está haciendo un esfuerzo muy relevante por impulsar la digitalización, con el lanzamiento de su plan estratégico unificado, ‘Digital Decade’, que busca transformar las empresas, digitalizar los servicios públicos, desarrollar infraestructuras digitales, seguras, resilientes y eficaces, y elevar las capacidades de individuos y profesionales del sector tecnológico. Para ello, la Unión Europea está desarrollando un amplio marco normativo que busca proteger al consumidor, generar confianza, dirimir responsabilidades en las distintas cadenas de valor y modelos de negocio, y actuar como catalizador de la digitalización, puesto que, entre otros objetivos:




Impulsa de manera significativa el uso de los datos y la interoperabilidad.



Desarrolla redes de telecomunicaciones de primer orden, es decir, con mayor velocidad de transmisión, potencia de computación e interoperabilidad, y que actúen de forma transfronteriza.



Eleva la inversión y financiación de chips para reducir la dependencia de terceros países en esta materia prima crítica, con el objetivo de alcanzar el 20% de la producción global.



Incrementa la ciberseguridad y la identidad digital.



Garantiza la competencia justa en las plataformas digitales.



Desarrolla tecnologías cuánticas que elevan las capacidades tecnológicas de la UE.



Avanza en el mercado de pagos para fomentar la competencia y la innovación.




Las administraciones públicas deben continuar impulsando la labor catalizadora de la digitalización para seguir cosechando beneficios. En este sentido, se presentan una serie de iniciativas que las administraciones españolas pueden llevar a cabo para aprovechar el impulso de la Unión Europea y minimizar sus posibles efectos de segundo orden, agrupadas en cuatro líneas:



1. Establecer un nuevo modelo de gobernanza para una nueva regulación digital.



1.1. Crear un foro de gobernanza digital público-privado que amplíe el diálogo social para analizar la regulación existente, proponer nuevos mecanismos de regulación e impulsar la comunicación.



1.2. Medir el impacto de las políticas públicas.



1.3. Participar en los Consorcios Europeos de Infraestructuras Digitales involucrando al sector privado.



1.4. Elevar la innovación dentro de la administración pública mediante laboratorios de innovación tecnológica y formación práctica.



2. Impulsar el uso de los datos abiertos por la nueva regulación.



2.1. Reforzar el Kit Digital para las pymes con el objetivo de aprovechar los nuevos datos abiertos.



2.2. Fomentar el uso y reutilización de los datos de la administración pública.



2.3. Impulsar la presencia de Data Centers en España.



3. Mantener la ciberseguridad como principio no negociable.



3.1. Incentivar la aplicación de técnicas de ciberseguridad en las empresas junto con una potenciación de la industria de ciberseguridad española.



3.2. Extender la identidad digital a todos los organismos de las administraciones públicas.



4. Continuar con el compromiso de financiación de la infraestructura de telecomunicaciones.



Las iniciativas descritas tienen como objetivos aprovechar la regulación existente y la que se encuentra en desarrollo para impulsar la digitalización. Sin embargo, el ritmo vertiginoso de evolución de la digitalización hace necesario reforzar la colaboración público-privada para continuar desarrollando mecanismos de regulación, junto con una planificación de la gobernanza, para garantizar la competitividad y la innovación de las compañías, la protección de los consumidores y el cumplimiento de los derechos humanos.



Fuente: https://www.interempresas.net/TIC/Articulos/576388



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