Fecha de publicación: 28/11/2022 Fuente: El País Hace seis años se publicó una noticia en respuesta a un llamado de auxilio de miles de personas enfermas: “Gobierno firma decreto que legaliza el uso de la marihuana con fines medicinales”. La medida fue aplaudida en todo el mundo pues nos convertía en el quinto país en avanzar en esta dirección. El respaldo oficial le abrió la puerta a una alternativa médica para millones de pacientes, la mayoría de ellos con dolores crónicos u oncológicos y patologías complejas.Se trataba de una decisión que, como se dijo en su momento, buscaba que los pacientes pudieran acceder a medicamentos de producción nacional seguros, de calidad y asequibles, y que ponía a Colombia en el “grupo de países a la vanguardia en el uso de los recursos naturales para combatir enfermedades”.Seis años después, debido a zancadillas burocráticas, 400 de 1.300 empresas licenciadas para producir cannabis de uso medicinal, cerraron sus puertas. Todas ellas microempresas 100% colombianas. Entre tanto, millones de colombianos siguen a la espera de encontrar en las farmacias medicamentos efectivos y baratos que les alivien sus dolores, mientras los productos siguen en los laboratorios a la espera de registros sanitarios.La única medicina derivada del cannabis a la que se tenía acceso era aquella hecha a la medida de cada paciente: fórmulas magistrales, especiales, personalizadas, con costos considerables para el bolsillo del usuario. Pero, de un tajo, la pasada administración sacó esta medicina del Plan de Beneficios de Salud, dejando sin remedio el dolor de miles de personas.Una fórmula por la que un paciente con dolor crónico pagaba hace dos meses 30.000 pesos, ahora le cuesta hasta cinco veces más. El Gobierno Duque convirtió el cannabis en un medicamento de élite para pacientes que lo puedan pagar.Esto, sumado a la imposibilidad de obtener registros sanitarios, a la falta de regulación para desarrollar alimentos, bebidas y suplementos dietarios, a la prohibición de prescribir flor seca, así como a la imposición de un esquema de fiscalización sumamente engorroso, tienen en la cuerda floja más de 9.000 empleos, pues las empresas que le apostaron a desarrollar este sector ya no logran sostener la nómina.Estos obstáculos que, además, han hecho imposible mayor participación de empresas indígenas y campesinas, son las mismas barreras que este Gobierno espera derribar con un nuevo enfoque en la política de drogas.No perdamos el foco. Aquí lo que está en juego es el bienestar de las personas, la calidad de vida de los pacientes y la comida de los trabajadores y de sus familias, seres humanos cuya subsistencia depende del florecimiento de este sector agroindustrial.Para el Gobierno Duque estas necesidades fueron invisibles. Para el Presidente Petro el llamado de auxilio suena más fuerte que nunca y retumba a la par con el grito de cambio que el Mandatario le hace al mundo.*Nota: De estos temas conversaremos durante el Congreso de las Industrias de Cannabis que se realizará en Bogotá el 28 y 29 de noviembre de este año. Más información en: www.asocolcanna.orgMiguel Samper Strouss es presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis – ASOCOLCANNASuscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país. Seguir leyendo