Fecha de publicación: 27/07/2024 Fuente: El País Ni fácil ni barato. La destrucción de las cada vez más numerosas grandes plantaciones de marihuana que las fuerzas de seguridad logran localizar en su lucha contra el narcotráfico ha obligado al Ministerio del Interior a aumentar a 870.793 euros, IVA incluido, el presupuesto que destinará durante los próximos cuatro años a contratar empresas de jardinería para que destrocen in situ estos cultivos, según se recoge en el expediente de licitación adjudicado el pasado junio al que ha tenido acceso EL PAÍS. En dicha documentación, el departamento de Fernando Grande-Marlaska reconoce que estas plantaciones, muchas de ellas situadas en lugares de difícil acceso para evitar ser detectadas, se han convertido en “uno de los principales problemas logísticos a los que se enfrentan en la actualidad” los cuerpos policiales, sobre todo después de que en los últimos años el número de plantas incautadas haya aumentado “de forma exponencial”.“En el caso de pequeñas plantaciones, son los propios agentes los encargados de desmantelar las plantaciones, pero en el caso de las grandes plantaciones se ven imposibilitados para desarrollar dicha actividad” por falta de preparación y maquinaria, admite el ministerio en el expediente. Interior considera además que dedicar el esfuerzo de las fuerzas de seguridad a estas labores “absorbería el tiempo de las plantillas policiales en detrimento de la realización de los servicios de seguridad asignados legalmente”. Según las estadísticas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad), se ha pasado de 828.582 plantas intervenidas en 2018 a los 3,2 millones en 2021 y los 2,8 millones en 2022, último año del que hay cifras oficiales. Un tercio de estas últimas fueron localizadas en grandes plantaciones, según destaca el expediente de licitación. España está a la cabeza de la producción de esta droga en Europa, según recogía en su última memoria la Fiscalía General del Estado.Esta es la segunda vez que el departamento de Grande-Marlaska contrata empresas de jardinería para desmantelar grandes plantaciones de marihuana ―las que cuentan con más de 10.000 plantas― desde que en diciembre de 2021 incluyera esta destrucción in situ como el tercer gran objetivo de su Plan contra la Criminalidad Organizada asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana. Así, en 2022 licitó un primer contrato por 197.653 euros, IVA incluido, dividido en cuatro lotes, uno por cada zona geográfica con mayor número de aprehensiones. Más de un tercio del presupuesto iba destinado a la provincia de Granada, la que acumulaba entonces más incautaciones de plantas. Entonces, uno de los lotes, el que correspondía a “Madrid y provincias limítrofes” quedó desierto al no presentarse ninguna empresa al concurso. Al año siguiente, el ministerio no licitó ningún contrato y cubrió los gastos originados por el desmantelamiento de las plantaciones mediante “el procedimiento de anticipo de caja fija [fondos de carácter extrapresupuestario] por considerarlos gastos corrientes en servicios que requieren una atención inmediata por parte de la Administración”, detalla un portavoz del departamento.Ahora el ministerio ha retomado la vía de la licitación con un contrato con varias diferencias respecto al primero. Así, ya no será de un año, sino de dos prorrogables otros dos. El presupuesto anual también ha crecido al pasar de los algo menos de 200.000 euros anuales a 217.698 euros (un 10% más). Y en lugar de cuatro lotes se ha pasado a cinco, con un reparto geográfico también diferente que incluye un detalle relevante: ya no es Granada la provincia a la que se dedicarán más fondo, sino que ahora es Almería, a la que se destina más del 40% de total. No obstante, el expediente admite que las cantidades presupuestadas pueden estar sujeta a variaciones presumiblemente al alza. “Esta actividad ilegal, por su propia naturaleza ilícita, está sujeta a variaciones geográficas y posibles incrementos” por lo que “la estimación de gasto real resulta incierta”, señala el documento. En esta ocasión, ninguno de los lotes ha quedado desierto.Interior recuerda en el expediente que los trabajos que realizarán las empresas adjudicatarias no son homogéneos. Así, detalla que la policía se encuentra a veces con “plantones de escasos centímetros” y en otras, con “verdaderos árboles de cerca de dos metros”, por lo que el número de plantas no sirve para calcular el coste. “Los lugares de ubicación también plantean problemas, al presentarse desde zonas de fácil acceso junto con otras muy dificultosas como barrancos o montes sin caminos transitables”, señala el documento. Y añade que también presenta una problemática particular los cultivos en invernaderos, que en los que trabajar es muy penoso “cuando se producen altas temperaturas” o por la existencia de mallas plásticas que hay que retirar previamente antes de proceder al desbrozado, con la consiguiente dificultad añadida.A ello se añade las órdenes que impartan los jueces sobre qué hacer con las plantas intervenidas. El expediente apunta que en algunos casos la orden será “el arrancado y su traslado a un vertedero, con lo que no es necesaria una previa trituración”. En otros, sin embargo, las instrucciones de los magistrados pueden ser que toda la marihuana intervenida se conserve bajo custodia policial, por lo que la empresa deberá triturar las plantas y meterlas en sacos “para evitar la putrefacción y facilitar su traslado posterior” a los depósitos policiales y judiciales y, de ahí, a las incineradoras o vertederos donde finalmente es destruida. En la actualidad, el plazo de tiempo en el que cualquier tipo de droga es incautada y se procede a su destrucción oscila entre mes y medio y los tres meses.El contrato contempla que las empresas adjudicatarias deben colaborar con la policía “en la extracción de muestras y su conservación en cajas de cartón” para que sirvan de prueba ante la autoridad judicial antes de arrancar las plantas. Y si la orden del juez es conservarlas, deberán triturarlas, compactarlas y guardarlas en sacas de plástico o cajas hasta que se determine su destrucción. Todo ello, siempre bajo la supervisión de la policía, de la que recibirán instrucciones, sobre todo en “cuestiones relacionadas con la seguridad”. Interior ha incluido también en el contrato una cláusula de confidencialidad para que las empresas adjudicatarias y sus empleados no faciliten información “a terceras personas”. Seguir leyendo