Fecha de publicación: 24/12/2024 Fuente: El Periódico de la Energía Lugar: Política energética El sector energético ha tildado de "preocupante" que el Gobierno haya aprobado un Real Decreto-ley que crea un nuevo gravamen a las grandes energéticas para el ejercicio 2025, para que entre en vigor antes de la derogación del tributo que aprobó el Congreso de los Diputados con apoyo del PP, PNV y Junts.
Así lo han manifestado la Asociación Española del Gas (Sedigás), la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) en un comunicado emitido este lunes, después de conocer la decisión del Ejecutivo.
A su juicio, este gravamen resta competitividad industrial, incrementa la inseguridad jurídica del sector energético, deteriora la reputación de España ante la comunidad inversora nacional e internacional y ofrece una señal contraria al impulso del proceso de descarbonización que se precisa en España y Europa.
El redactor recomienda: Así es el gravamen a las energéticas que tendrá carácter sostenibleEl Gobierno extiende el impuesto a las energéticas en 2025, pero con incentivos a la descarbonizaciónPNV dice que el impuesto a las energéticas es "purito paripé" porque el Gobierno sabe que "no va a salir"Convalidación en el Congreso
Además, a la espera de su convalidación en las próximas semanas por el Congreso de los Diputados, el sector ha lamnetado que se cuestione la decisión de derogar esta figura impositiva tomada la semana pasada por el pleno de la Cámara Baja.
Como todo decreto ley, la prórroga del gravamen de las energéticas habrá de someterse en el Pleno del Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación y derogación, y ahí es donde el Gobierno no tiene garantizados sus apoyos dada la negativa de PNV y Junts.
Por eso, Hacienda piensa ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley para ahí transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que al impuesto no se opone porque su gestión correspondería a las haciendas forales vascas y navarra.