El sector agroganadero es a día de hoy uno de los que más sufren el cambio climático, ya que los efectos de fenómenos climáticos extremos (incremento de temperaturas, sequía, lluvias torrenciales, heladas…) son cada vez más frecuentes y afectan a las producciones y la rentabilidad de las explotaciones.

Un informe de Esade advierte de la “gran amenaza” que supone para la agroalimentación en España el cambio climático por el ritmo de desertización, que podría dejar a la mitad del país incultivable en menos de 25 años si no se reducen “drásticamente” las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El sistema agroalimentario industrial es en su conjunto, según la organización ecologista WWF, el responsable del 29 % de los gases de efecto invernadero (GEI), y si la temperatura media aumenta más de 2 grados a final de siglo, algunos de los principales cultivos en el sur de Europa disminuirían su rendimiento un 20 %.

El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, señala a Efeagro que los agricultores y ganaderos españoles están realizando su trabajo con “absoluto rigor” y que han sido y son capaces de adecuarse a las “normas y compromisos” que se les han exigido en temas medioambientales.

Respecto a futuros compromisos que se les puedan exigir, Barato demanda que sean “reales, que se puedan cumplir, y con discriminación positiva para el sector” que se ve afectado por el cambio climático, pero que también contribuye a mitigarlo gracias al efecto sumidero.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), José Manuel Delgado, señala que el sector “sufre ya, en presente, y desde hace varios años” fuertes sequías, como en la cornisa cantábrica donde afectan a los pastos y pastizales, o en cultivos como el maíz forrajero que afecta a la ganadería extensiva que tiene que complementar con piensos la alimentación del ganado.

Este año en Castilla y León, y en Aragón, la sequía agronómica genera “pérdidas importantes” en los cereales, a los que se suma la sequía hidráulica, por la disminución de las precipitaciones y de las disponibilidades de agua de pantanos que “ya están condicionando los cultivos de regadíos”.

Incide en los efectos perniciosos de unos inviernos cada vez más templados, que adelantan la floración de cultivos que sufren después por las heladas tardías (almendro, viñedo o cereal).

Las organizaciones agrarias Upa y COAG forman parte de Alianza por el Clima -con más de 400 organizaciones de España que representan al movimiento ecologista, sindical, de cooperación al desarrollo, ciencia e investigación y consumidores-, que ha elaborado propuestas para una ley de cambio climático y transición energética (Lccte), en la que el sector agroganadero es estratégico.

El texto propone, dentro de las medidas para mitigar los efectos climáticos en el sector, elaborar un Plan Nacional de Adaptación del Sector Agrario al Cambio Climático que impulse las energías renovables, la agricultura ecológica y los canales cortos de comercialización, entre otras.

También apuesta por desarrollar acciones de adaptación en las políticas agrarias y de desarrollo rural, avanzar en políticas de regadío sostenible, aplicar un plan de apoyo al secano, fomentar la ganadería extensiva, así como potenciar líneas de I+D+i.

Por su parte, Asaja ha constituido dos comisiones internas de trabajo para estudiar la contribución del sector agrario para adaptarse y mitigar el cambio climático y para analizar el actual sistema de seguros agrarios, con el fin de mejorar su funcionamiento y su implantación en el sector.

La comisión de cambio climático centrará sus trabajos en el doble plano de adaptación y mitigación de sus efectos y estudiará la adaptación como la mejora y selección genética de las semillas, el cambio de cultivos, los sistemas alternativos de manejo y el riego.

El documento de Alianza por el Clima considera que España, al ser una península y estar situada en la cuenca mediterránea, es uno de los países más vulnerables al cambio climático y abogan por una Lccte basada en la participación y consenso, que proporcione un marco legal y financiero estable para mitigar sus efectos y adapte los distintos sectores a una nueva realidad productiva y económica.

 

Organizaciones ecologistas

Para la portavoz de agricultura y desarrollo rural de WWF, Celsa Peiteado, esta ley es “una oportunidad para iniciar una transición real a un sistema agroalimentario más sostenible”, que abarque a toda la cadena agroalimentaria (producción, industria y consumidores) y para “asegurar nuestra competitividad”.

Aboga por apostar por la agroecología como forma de producir alimentos más respetuosa con el medio ambiente; la ganadería extensiva o cultivos de secano; una industria agroalimentaria que se abastezca de materias primas sostenibles; y un consumo más responsable.

Amigos de la Tierra, por su parte, pone en valor la “agroecología”, porque el “sistema agroalimentarios industrial es el responsable de la mitad de las emisiones contaminantes, el 70 % de la deforestación en América Latina y el uso exacerbado de pesticidas y otros tóxicos”.

Menciona el informe de Naciones Unidas “La agroecología y el derecho a la Alimentación”, que pone de manifiesto que este sistema (más respetuoso con el medio ambiente y un uso más racionales de los recursos) es capaz de aumentar la productividad en un 79 %.

Respecto al reciente anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de sacar a su país del Acuerdo de París sobre cambio climático el sector agrario y ecologista consultado ha rechazado la decisión porque supone “un grave retroceso ambiental” que afectará a la agricultura, uno de los sectores que más sufren las consecuencias del cambio climático. 

 

Fuente: EFE AGRO