Fuente:
El Periódico de la Energía
Lugar:
Petróleo & Gas
El Gobierno neerlandés pagará 163 millones de euros para evitar la apertura de un nuevo proyecto de extracción de gas bajo el mar de Wadden, zona intermareal protegida, lo que pone fin a años de tensiones entre el Estado, la petrolera NAM y los grupos ambientales preocupados por el impacto en uno de los ecosistemas más frágiles del país.
El acuerdo, alcanzado con ExxonMobil y Shell (accionistas de la NAM), permite que la compañía retire la solicitud presentada en 2019 para perforar un yacimiento situado parcialmente bajo el Mar de Wadden, en una zona intermareal protegida frente al pueblo frisio de Ternaard, entre la costa del norte de Países Bajos y las islas Frisias.
El Ejecutivo había prometido estudiar si el proyecto podía detenerse ante el riesgo de daños irreversibles en el área natural, incluida la posibilidad de que, con el aumento del nivel del mar, partes del territorio quedaran permanentemente sumergidas y perdieran su estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
La ministra en funciones de Clima y Crecimiento Verde, Sophie Hermans, defendió en el canal público NOS el pago como “una ruptura de un bloqueo que parecía interminable” y aseguró que la decisión atiende a “un deseo ampliamente compartido por el Parlamento y la sociedad de impedir nuevas perforaciones” en la zona.
Tanto el regulador minero (SodM) como varias organizaciones medioambientales habían advertido de impactos graves en la biodiversidad, mientras cientos de manifestantes se movilizaron en Frisia en septiembre contra el proyecto
El gas en Países Bajos
El Estado no podía rechazar unilateralmente la solicitud porque la NAM ya contaba con derechos de explotación, y el hecho de que el terreno estuviera en un área Natura 2000 (zonas de naturaleza vulnerable) no era suficiente para bloquear los trabajos.
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La disputa se suma a otros conflictos entre el Estado y las petroleras por la reducción de la extracción de gas en Países Bajos.
Shell y ExxonMobil afrontan un proceso de arbitraje sobre los costes de la gestión de daños en la provincia de Groninga, donde la actividad gasística provocó numerosos terremotos y daños en viviendas, y una orden provisional obliga a ambas compañías a pagar 1.350 millones de euros en compensaciones.
Aunque desde 2024 está prohibido extraer gas del gran yacimiento de Groninga, varios campos más pequeños siguen operativos porque el Ejecutivo defiende que parte de ese gas sigue siendo necesario para garantizar el suministro energético del país y reducir la dependencia del exterior.