Fecha de publicación: -- Fuente: El Periódico de la Energía Lugar: Eléctricas El Smart Energy Council (SEC), uno de los principales grupos de presión del sector de las energías renovables en Australia, ha reclamado que las centrales eléctricas de carbón que continúen operativas más allá de las fechas de cierre previamente acordadas tengan que pagar un precio por sus emisiones de carbono.
Relacionado:Las energías renovables superan al carbón por primera vez durante un mes en la red principal de AustraliaEl SEC sostiene que las centrales de carbón deberían quedar incorporadas «de forma adecuada» al Safeguard Mechanism, el mecanismo australiano que pretende establecer algún tipo de precio al carbono para los grandes emisores y que actualmente está siendo revisado después de recibir numerosas críticas por ser, en la práctica, demasiado poco exigente.
Poner fin a las sucesivas prórrogas
La propuesta del SEC pretende poner fin a las sucesivas prórrogas de las fechas de cierre de las centrales de carbón, como ha ocurrido con Eraring, la mayor central de carbón del país. Su cierre estaba previsto inicialmente para 2025, pero posteriormente se aplazó hasta 2027 y después hasta 2029. Aun así, muchos siguen considerando posible una nueva prórroga.
Relacionado:El mayor generador de carbón de Australia necesitará funcionar durante más tiempoLa incertidumbre en torno a Eraring y a otras centrales cuya clausura está prevista genera dudas sobre los modelos de fijación de precios del mercado y sobre la viabilidad económica de nuevas instalaciones de generación e incluso de almacenamiento. Esto dificulta la obtención de financiación y la captación de inversores para nuevos proyectos y constituye, según el sector, una de las principales barreras del mercado australiano.
“Los proyectos de energías renovables, almacenamiento y redes de transporte requieren inversiones de miles de millones de dólares a largo plazo”, afirmó el director ejecutivo del SEC, David McElrea, en la inauguración de la Queensland Smart Energy Summit. “Los inversores y las entidades financieras necesitan saber cuándo será necesario disponer de nueva capacidad de generación. Cada vez que se retrasa la fecha de cierre de una central de carbón, resulta más difícil financiar esas inversiones”, señaló.
“Eso retrasa la entrada de nueva generación, retrasa la creación de empleo y genera incertidumbre para los trabajadores, al tiempo que deja a los consumidores expuestos a los costes y a los riesgos de falta de fiabilidad asociados a unas centrales de carbón cada vez más envejecidas”, añadió.
Queensland es otro de los estados australianos donde el calendario de cierre de las centrales de carbón está ahora rodeado de incertidumbre, aunque se considera que se trata de una estrategia deliberada del Gobierno estatal del Partido Liberal Nacional (LNP), que ya ha eliminado los objetivos de energías renovables del estado y ha levantado barreras a grandes proyectos de energía eólica, solar y almacenamiento mediante baterías.
El Gobierno del LNP en Queensland se ha comprometido a mantener la generación con carbón en el mercado hasta finales de la década de 2040 o incluso hasta la de 2050. La semana pasada también abandonó sus planes de sustituir su flota de autobuses por vehículos eléctricos y sacó a concurso la adquisición de más de 600 nuevos autobuses diésel.
Acabar con la asignación gratuita de emisiones
McElrea subraya que el SEC no pretende ordenar el cierre de ninguna central de carbón ni impedir que siga funcionando cuando sea necesaria para garantizar la fiabilidad del sistema eléctrico. Sin embargo, sostiene que, si una central continúa operativa más allá de la fecha de cierre que se había propuesto inicialmente, ya no debería beneficiarse de una asignación gratuita de emisiones, como ocurre actualmente.
En su lugar, sus propietarios tendrían que utilizar Australian Carbon Credit Units (ACCUs) para compensar cada tonelada de emisiones contabilizada en el marco del Safeguard Mechanism.
“Si una central de carbón sigue siendo necesaria después de su fecha de cierre prevista inicialmente, puede continuar operando. Pero prolongar su vida útil no debería significar también prolongar su derecho a contaminar gratis”, afirmó.
“No se trata de un cierre de la noche a la mañana. Es una señal clara para el mercado que permite planificar, financiar y construir la nueva capacidad de generación antes de que sea necesaria”.
La propuesta del SEC es una de las diversas ideas planteadas en el marco de la revisión del Safeguard Mechanism. Otras propuestas plantean que los proyectos de energías renovables puedan acceder a ACCUs para cubrir la diferencia entre sus costes y las actuales previsiones de precios mayoristas.
Los ACCUs cotizan actualmente en torno a los 38 dólares australianos, y el SEC propone que cualquier generador de carbón que prolongue su fecha de cierre tenga que utilizar un ACCU por cada tonelada de emisiones cubiertas que produzca después de la fecha de clausura inicialmente prevista.
El organismo también reclama que, como muy tarde en 2035, se establezca una línea base de emisiones cero dentro del Safeguard Mechanism para todas las centrales de carbón que sigan operativas.
Según el SEC, esta medida impediría que un Gobierno o un generador pudiera reiniciar de facto el reloj del Safeguard Mechanism simplemente anunciando una nueva fecha de cierre más tardía. También evitaría que las centrales de carbón pudieran obtener créditos e ingresos dentro del mecanismo únicamente por reducir su producción o cerrar.
El SEC señala que los generadores conectados a la red no tienen actualmente ninguna obligación individual mientras sus emisiones combinadas se mantengan por debajo de los 198 millones de toneladas anuales. En el ejercicio 2024-25 emitieron 133,7 millones de toneladas, lo que, en la práctica, les permite quedar exentos de cualquier obligación sobre sus emisiones.