Fecha de publicación: -- Fuente: El Periódico de la Energía Lugar: Opinión Pocas decisiones recientes tienen tanta trascendencia para el futuro de España como la orden ministerial aprobada el pasado 12 de agosto, aunque el Gobierno haya preferido aprobarla en pleno mes de agosto y limitándose a incluirla en el boletín oficial. No hubo anuncio ni explicación alguna de por qué ahora es partidario de prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz.
Debemos recordar que durante años, el cierre progresivo del parque nuclear ha constituido uno de los pilares de la política energética del Ejecutivo, y formaba parte del acuerdo de gobierno de esta extrema izquierda. El propio Pedro Sánchez llegó a afirmar, después del gran apagón, el mayor de la historia de Europa, que las centrales nucleares, lejos de ser una solución, habían sido un problema. Ahora, en cambio, una central nuclear se convierte en una pieza que el sistema necesita imperiosamente, para evitar algo que las perspectivas electorales de Sánchez no aguantarían: un nuevo apagón.
Nos preguntamos, pues, si ha cambiado la realidad energética de España o lo que ha cambiado es la política energética del Gobierno. Si ha cambiado la realidad, convendría que lo explicasen, porque las leyes físicas que rigen un sistema eléctrico no entienden de programas electorales. La electricidad debe producirse y consumirse en tiempo real, y una red con una creciente penetración renovable necesita también tecnologías capaces de aportar estabilidad, inercia y generación firme de forma continua, independientemente de las condiciones meteorológicas. La energía nuclear cumple precisamente esa función, actuando como complemento idóneo para hacer frente a la intermitencia de las fuentes renovables, además de producir electricidad sin emisiones directas de CO₂ y a precio competitivo.
Suministro asegurado
El problema para el Gobierno es que el giro con Almaraz llega después de años de advertencias sobre los riesgos de desmantelar una parte relevante de la generación firme del sistema. Se lo hemos dicho en el Congreso, que debían ser responsables, ya que el cierre nuclear no consiste simplemente en sustituir unos megavatios por otros. Tiene implicaciones sobre la seguridad de suministro, los costes, la capacidad industrial y la autonomía estratégica. Esto último se debe a que el uso de uranio, que puede almacenarse y gestionarse con mayor autonomía que los suministros de gas, evita el consumo de gas importado y reduce nuestra exposición exterior.
Debemos tener en cuenta que mantener el calendario de cierre podría traducirse en un incremento de los precios para los hogares y la industria electrointensiva, que se ha acostumbrado a los cortes de suministro (solo este verano hubo hasta seis paradas, como informaba este periódico). La energía que dejaría de aportar Almaraz tendría que ser cubierta por ciclos combinados de gas, cuya tecnología es más cara y cuyos costes de operación y de los servicios de ajuste acabarían presionando al alza sobre el conjunto del sistema. Esto debería situar el debate en un terreno mucho más pragmático, donde se piense en la salud económica y no únicamente en ideologías que aprecian o rechazan una determinada tecnología.
Allí donde existe una central nuclear suele existir también un ecosistema económico alrededor, algo paradigmático en el caso de Almaraz, con más de 4.000 empleos directos e indirectos en Extremadura y la aportación de alrededor del 7% de la electricidad consumida en España. Su continuidad resulta esencial para regiones con menor densidad industrial como la extremeña, donde el efecto tractor de la planta sobre la economía local es difícilmente sustituible a corto plazo.
Europa ha aprendido, especialmente desde la invasión de Putin a Ucrania, que depender excesivamente del exterior tiene un coste estratégico. Sustituir generación nuclear por mayores necesidades de gas reduce la autonomía estratégica y aumenta la exposición a mercados internacionales volátiles, justo lo contrario de lo que necesita un país que aspira a la prosperidad y el crecimiento.
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Desde el gran apagón que ha cambiado la historia energética de España, nuestro sistema eléctrico ha tenido que recurrir a medidas extraordinarias cuyo coste, según algunos cálculos, asciende a 3.360 millones de euros por la operación reforzada durante lo que llevamos de 2026, sumado a inversiones de 1.350 millones para reforzar la red. A pesar de lo que nos dice el Gobierno, no hay una elección de hierro entre renovables y nuclear, sino que se debe alcanzar una combinación tecnológica capaz de garantizar simultáneamente descarbonización, estabilidad en el servicio y precios competitivos.
No podemos considerar la prolongación de la vida útil de Almaraz una excepción, como parecen pretender los actuales reguladores. El boletín oficial nos informa de que el Gobierno considera que la energía nuclear vuelve a ser necesaria, por lo tanto, debería explicar con transparencia por qué no se plantea el mismo criterio para Ascó, Cofrentes, Vandellós II o Trillo, cuyas fechas de cierre previstas se sitúan entre 2030 y 2035.
Si se tomasen las decisiones con un criterio menos basado en dogmas y más en evidencias técnicas, magnitudes económicas y seguridad de suministro, España podría recuperar la confianza de los inversores, algo que redundaría no solo en la calidad del servicio a los hogares y a la industria, sino también en asuntos tan relevantes hoy como la capacidad de conectar a la red nuevas viviendas listas para ser habitadas.
Este “sí” a Almaraz debería servir, al menos, para restituir algo que nunca debió perderse en la política energética, la capacidad de decidir atendiendo a las necesidades reales del sistema. Si hoy está justificado mantener abierta una central nuclear, el mismo criterio debe aplicarse cuando llegue el momento de decidir sobre las demás. Solo así tendremos una política energética que mire más allá del próximo ciclo electoral y que dé a hogares, industria e inversores la certeza de que las decisiones se toman pensando en lo mejor para el país y no en los dogmas de cada momento.

Guillermo Mariscal Anaya es diputado en el Congreso en el Grupo Popular.