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Financiación de la Innovación
La incompatibilidad de Tax Equity sobre proyectos con ayudas públicas
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Antonio Gonzalez Quero


Director Comercial de Tax Equity











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La financiación de la innovación vive un momento de transformación. Las empresas necesitan movilizar más recursos para desarrollar proyectos de I+D+i, mientras que el acceso a determinadas ayudas públicas es cada vez más competitivo, técnico y exigente.
En este contexto, mecanismos como el Tax Equity o Tax Lease están ganando protagonismo como vía para atraer inversión privada hacia proyectos innovadores. A través de estas estructuras, terceros inversores pueden participar en la financiación de proyectos de I+D+i, aprovechando las deducciones fiscales generadas por dicha actividad. Bien estructurado, el Tax Equity puede convertirse en una herramienta eficaz para impulsar el desarrollo tecnológico y facilitar la puesta en marcha de proyectos de alto valor añadido.
Sin embargo, el crecimiento de este mecanismo también ha venido acompañado de determinadas prácticas de mercado que conviene analizar con prudencia, pues no todos los proyectos de I+D+i son adecuados para articularse bajo una estructura de Tax Equity, especialmente cuando ya cuentan con financiación pública asociada.
Ayudas públicas y financiación privada para empresas con Tax Equity: por qué no todos los proyectos son compatibles
Uno de los principales riesgos aparece cuando el Tax Equity se presenta como una solución aplicable a cualquier proyecto de I+D, sin valorar previamente si ese proyecto ya está vinculado a una ayuda pública y qué obligaciones implica esa financiación.
Cuando una empresa recibe una subvención —de Red.es, el CDTI, la AEI u otros organismos— asume una posición jurídica concreta frente a la Administración: ejecutar el proyecto con las condiciones aprobadas, justificar correctamente los gastos y mantener una trazabilidad clara entre la ayuda concedida y la actuación subvencionada. La ayuda no se concede de forma genérica, sino para una actuación específica y un beneficiario determinado.
El problema del “doble expediente” en Tax Lease
El Tax Equity opera habitualmente a través de una Agrupación de Interés Económico (AIE).  La AIE encarga y financia la ejecución de las actividades de I+D+i mediante una prestación de servicios llevada a cabo por el desarrollador o tecnólogo. Es la propia AIE, en su condición de titular del proyecto, quien genera la deducción fiscal, que el inversor adquiere con arreglo a la normativa tributaria aplicable a las AIE.
Cuando ese mismo proyecto cuenta, además, con una subvención pública, se produce lo que en el mercado se conoce como «doble expediente»: los mismos gastos de I+D sirven, a la vez, para justificar la ayuda ante el organismo concedente y para calcular la deducción fiscal en sede de la AIE ante la Agencia Tributaria (AEAT).
Ese solapamiento es el origen de dos riesgos que se están materializando en el mercado:

Riesgo subvencional. Al ceder la titularidad a la AIE, el beneficiario original pasa a ejecutar el proyecto como subcontratista de una entidad con la que está vinculado. Para el órgano concedente, esto es una modificación sustancial de las condiciones aprobadas —prohibida por la Ley General de Subvenciones y por el Reglamento (UE) 2021/1060 para proyectos con fondos FEDER— que además requiere una autorización previa que en la práctica es inviable obtener.
Riesgo fiscal. El artículo 35.1.b) LIS establece que la base de la deducción de I+D se minora en el importe de las subvenciones recibidas para esas actividades. Algunos operadores argumentan que, al ser la AIE y el desarrollador entidades jurídicas distintas, la AIE puede calcular su deducción sobre el gasto bruto sin minoración. Esta posición no es sostenible ante una inspección: la AEAT dispone de múltiples vías técnicas para exigir esa minoración, siendo la más sólida el ajuste de operaciones vinculadas del artículo 18 LIS, que obliga a que el precio del subcontrato refleje el coste neto real soportado por el desarrollador, una vez descontada la subvención.

Una práctica extendida con consecuencias reales
Este no es un riesgo teórico. La combinación de subvenciones públicas y financiación con capital privado, a través de Tax Equity, sin los ajustes normativos correspondientes se está produciendo en el mercado con más frecuencia de la deseable. Una operación mal planteada puede generar incidencias en la fase de justificación, el cuestionamiento de los gastos imputados, la pérdida de la ayuda o incluso procedimientos de reintegro. Para el inversor, supone asumir una deducción fiscalmente vulnerable que, en caso de regularización inspectora, podría no ser sostenible.
El reto no es solo acceder a más financiación, sino asegurar que esta sea compatible y sostenible. Antes de combinar ayudas públicas y Tax Equity, es imprescindible evaluar con rigor la compatibilidad entre ambas vías y garantizar que la estructura no compromete ninguna de las dos.
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