Fecha de publicación: -- Fuente: Oleo Entre ellos figuran la remuneración justa de agricultores y ganaderos, la organización de las cadenas de suministro, la producción ecológica, las indicaciones geográficas y otros esquemas de calidad, el valor nutricional, los efectos sobre la salud, la frescura, la estacionalidad o el bienestar animal.La propuesta establece que los criterios vinculados a la calidad deberán representar al menos el 30% de la adjudicación, aunque COAG advierte de que el texto mantiene diferentes vías que podrían permitir a las administraciones eludir en la práctica este porcentaje.Para la organización agraria, el reconocimiento de estos factores supone un avance respecto a un modelo de contratación centrado fundamentalmente en el precio, pero considera que el alcance de la reforma dependerá de los cambios que se introduzcan durante la tramitación legislativa.COAG pide blindar el papel de las pequeñas y medianas explotaciones“Si bien hay elementos positivos en la propuesta, los planteamientos de la Comisión Europea son poco ambiciosos y, si no se mejoran sustancialmente durante el proceso legislativo que ahora se abre, no van a provocar la transformación de los sistemas alimentarios que podría posibilitar una palanca de cambio tan potente como es la compra pública”, ha señalado Isabel Vilalba, responsable de la Comisión Ejecutiva de COAG.La organización reclama al Consejo y al Parlamento Europeo que refuercen el carácter estratégico de la contratación pública alimentaria y la conviertan en un instrumento para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas, especialmente aquellas que desarrollan modelos de producción sostenibles.Entre sus propuestas figura utilizar la compra pública para favorecer cadenas de suministro locales y regionales, reducir la concentración del mercado y promover sistemas alimentarios más diversos y resilientes.COAG también plantea introducir entre los criterios de adjudicación factores relacionados con el modelo de pequeña y mediana agricultura y ganadería, dando prioridad a producciones locales, diversificadas, ecológicas y agroecológicas, así como a sectores considerados vulnerables, como la ganadería extensiva.La organización defiende además contratos de suministro de mayor duración y sistemas de compensación que reflejen los costes reales de una producción sostenible, junto con modelos de contratación descentralizados que permitan adaptar las compras a las características de las economías alimentarias locales.Entre sus demandas se incluye asimismo la posibilidad de generar reservas estratégicas públicas mediante la intervención en los mercados cuando los precios se sitúen por debajo del 80% de los costes medios de producción, tomando como referencia los datos de los observatorios públicos de precios y cadena.Ecovalia reclama aprovechar la contratación pública para impulsar el mercado ecológicoLa propuesta comunitaria coincide con una de las líneas de actuación que el sector ecológico viene reclamando para aumentar el consumo interno de alimentos certificados.Ecovalia considera que la compra pública alimentaria puede actuar como una herramienta estratégica para generar demanda y favorecer el desarrollo de toda la cadena de valor ecológica.